En los último años se ha registrado en España un elevado incremento del número de embarcaciones de recreo y artefactos de motor, con especial intensidad en las costas mediterráneas, lo que se traduce en un aumento de los impactos derivados de esta actividad que ya sufren los litorales y
ecosistemas marinos mediterráneos como el fondeo masivo sobre hábitats marinos protegidos y extremadamente frágiles, la contaminación acústica y química o el oleaje constante. Al mismotiempo ha crecido la presión sobre las personas que realizan actividades en el litoral de forma más sostenible y vulnerable, como bañistas, buceadores o practicantes de paddle surf.

Ante esta problemática varias entidades ecologistas, Alianza Mar Menor, Ecologistas en Acción, FundaciónJuan Tábara, GEN-GOB, GOB Mallorca, GOB Menorca, Mallorca Blue, Pacto por el Mar Menor, Salvemos Calblanque, SOS Costa brava y SOS Mar Menor unieron sus voces hace unos meses para reclamar a la Dirección General de la Costa y el Mar y la Dirección General de la Marina Mercante, ambas administraciones estatales, la primera con competencias en la conservación del litoral y del medio marino y la segunda encargada de la ordenación general de la navegación.

Es una modificación de la legislación consistente en cinco medidas, ampliación de la zona sujeta a la limitación de velocidad, regulación del fondeo en las zonas de baño no balizadas, imponer el uso obligatorio de cartografía marítima de hábitats protegidos para todas las embarcaciones y evitar el fondeo sobre hábitats marinos protegidos, la dotación de recursos y mecanismos de control para reforzar la seguridad de las personas y de los ecosistemas y la exigencia de titulación mínima para el manejo de embarcaciones.