La concejala Patricia Macià señala que el gobierno local haya gastado más de 10 millones de remanente en conceptos no permitidos por ley y que, al mismo tiempo, pida el préstamo más alto de la historia, de 15,7 millones, tras solicitar otro de 14 el año pasado, “30 millones de euros en un año”

Macià alerta de que el plan de ajuste sitúa las cuentas del Ayuntamiento bajo control de la Generalitat, que ha pedido un informe trimestral de seguimiento de las medidas adoptadas

La edil asegura que, a fecha 30 de junio, Mazón no ha transferido ni un euro de las subvenciones de Bienestar Social, Sanidad, Empleo, Cultura o Edificant

La concejala del Grupo Socialista Patricia Macià ha denunciado este miércoles, un día después de la Comisión de Hacienda, que en mitad de un plan de ajuste el equipo de gobierno encabezado por Pablo Ruz haya gastado más de 10 millones del remanente —de los 27 millones que tenía— en conceptos no permitidos por la legislación y que, al mismo tiempo, endeuden al municipio pidiendo el préstamo más alto de la historia, de 15,7 millones, tras solicitar otro de 14 en 2024. Además, la edil ha advertido de que la ciudadanía dejará de beneficiarse de proyectos e inversiones por valor de 19 millones y deberá pagar 3,2 por la subida de la tasa de basura y otras medidas financieras.

Macià ha explicado que de los 27 millones de euros de remanente solo quedan seis y ha indicado que el equipo de gobierno “se da golpes en el pecho porque amortiza 5 millones de euros, la primera en más de dos años, pero olvidan que, a la vez, solicitan un préstamo que se suma al crédito solicitado el año pasado, es decir, han solicitado 30 millones entre 2024 y 2025”. Y ha agregado que, a diferencia de otras instituciones de nuestro entorno sometidas a un plan de ajuste, como el Ayuntamiento de Alicante o la Diputación, gobernadas por el PP, “este gobierno municipal hace lo que le viene en gana”.

Y es que, tal y como ha recordado, la Generalitat Valenciana aprobó el plan de ajuste del Ayuntamiento de Elche para el ejercicio 2025/26, por el déficit de más de 8 millones de euros con el cual cerró el Consistorio en 2024, “y ha impuesto un control estricto: considerar el límite de la regla de gasto y exigir al Ayuntamiento que remita informes cada trimestre a la Dirección General de Administración Local para verificar su cumplimiento”. “Ruz insiste en que es ‘la profunda normalidad’, pero lo cierto es que es una anormalidad. Ningún alcalde presume de recortes y de estar intervenido por otra administración”, ha evidenciado la edil.

En ese sentido, Macià ha recordado de que en el PSOE nunca tuvo que elaborar un plan de ajuste en sus últimos ocho años de gobierno. En 2019 solo se incumplió la regla de gasto y en 2020 se iban a aplicar medidas correctoras, pero la pandemia lo impidió. “Esa es la realidad”, ha insistido.

Consecuencias del despilfarro que pagarán los ilicitanos

Las consecuencias de la mala gestión, según ha explicado Macià, son dobles: por un lado, la ciudadanía no se beneficiará de 19 millones de euros en proyectos e inversiones, y por otro, tiene que hacer frente a 3,2 millones adicionales con la subida del 33% de la tasa de basura, la inspección del padrón de residuos y la revisión de categorías fiscales de calles. “La mala cabeza del señor Ruz con el dinero público perjudica a los ilicitanos en más de 22 millones”, ha sentenciado.

En el pleno del próximo lunes se dará cuenta de la información trimestral del segundo trimestre del año. Y Macià ha advertido de que, a diferencia de 2023, no se han llevado las ordenanzas fiscales y no se sabe si los impuestos subirán o bajarán. “Lo único cierto es que pronto se pasará el recibo de la basura con un 33% de subida y de eso nadie habla”, ha indicado.

Bajos ingresos y de nivel de ejecución presupuestaria

En cuanto a los ingresos, la edil ha detallado que el presupuesto estaba hinchado y los datos lo confirman: de los 4,4 millones previstos en el impuesto de construcciones solo se ha recaudado únicamente un 27%; en el impuesto de actividades económicas, de los 7,1 millones apenas un 23%; de las multas y sanciones, un 16% de los 2,6 millones; y en intereses de depósitos solo un 21%. En tasas, la de grúa apenas alcanza un 13% y la de la ORA, un 9,8%. “A este ritmo, estas partidas cojean claramente”, ha advertido.

Tampoco las transferencias de la Generalitat presentan un buen ritmo de ejecución: de los 15,6 millones previstos, solo se han ingresado 1,1. En Bienestar Social, Sanidad, Empleo y Cultura, de 26 subvenciones solo se han pagado dos. En el programa Concilia se han recibido 195.000 euros de los 500.000 presupuestados y en el plan Edificant no ha transferido “ni un duro”. El capítulo siete de ingresos, el de transferencias de otras administraciones, se sitúa en un 6%.

Preguntas sin respuesta por parte del equipo de gobierno

“De estos datos se desprenden muchas preguntas: ¿cuántas sanciones se han tramitado realmente? ¿Cuántos expedientes siguen pendientes en gestión tributaria? ¿Qué ocurre con las bonificaciones de la tasa de la basura? ¿Por qué no se han ingresado la mayoría de subvenciones de la Generalitat?”, ha planteado Macià.

La concejala ha lamentado que, pese a haber solicitado hace más de 20 días un balance del presupuesto actualizado, el edil de Hacienda no lo haya facilitado. “Nos vemos obligados a dar explicaciones con los datos a 30 de junio, pero la realidad es la que es. Ni el señor Ruz ni sus concejales darán explicaciones, se limitarán a grandes frases o a descalificaciones”, ha concluido.