La Cátedra de Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad (CAPDS)-UMH organizó una mesa redonda con el título “Situación del Trasvase en el contexto de la Planificación del Tajo”, en el salón de actos de Riegos de Levante Margen Izquierda (C/Santuario de la Luz, 1-Elche). El acto, celebrado el pasado viernes, contó con el apoyo de la Universidad Miguel Hernández y la Diputación de Alicante, así como de numerosas empresas e instituciones.
En la mesa redonda, moderada por el Catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado, Universidad de Alicante (UA), Joaquín Melgarejo Moreno, participaron como ponentes el director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, que habló sobre el “Análisis de las Reglas de Explotación del Trasvase Tajo-Segura”; el director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la UA, Andrés Molina, que abordó el “Régimen jurídico de los caudales ecológicos y su repercusión en el Acueducto Tajo-Segura”; el director del Máster en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos de la Universidad de Alcalá Alberto del Villar García, que se centró en los “Efectos socioeconómicos de los caudales ecológicos”; y el vicepresidente de la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), Francisco Flores, que centró su intervención en “La planificación hidrológica del Tajo y su influencia en el Trasvase Tajo-Segura”
En la mesa redonda abordaron cuestiones de actualidad como las medidas del Gobierno para reducir al mínimo los aportes del Trasvase Tajo-Segura y el impacto que el aumento de los caudales ecológicos y la prohibición de captar de recursos hídricos de masas de aguas subterráneas sobreexplotadas tendrá en los envíos de agua a Alicante, Murcia y Almería.
Joaquín Melgarejo afirmó que “tenemos que conseguir que el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura se convierta en una cuestión de Estado. Este es el objetivo de esta jornada, que el debate sobre los injustificados ataques que está sufriendo esta transferencia de agua salga del entorno más inmediato de Alicante y alcance una proyección nacional”.
En su intervención señaló que este debate alcanza una gran trascendencia después de conocer los datos del estudio Impacto socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura en España (2024) realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que eleva la contribución de las actividades agrícolas vinculadas al acueducto hasta los 3.912 millones de euros en 2024, lo que representa el 0,25% del PIB nacional, y genera más de 102.894 empleos equivalentes a tiempo completo, el 0,48% del total en España. Con lo que el peso económico del trasvase es un 30 % mayor desde que se realizó la última actualización en 2020.
La controversia de los caudales ecológicos
Francisco Cabezas puso de manifiesto que “El trasvase Tajo-Segura se encuentra en estos momentos en una situación particularmente crítica, sin precedentes en toda su historia, y por causas no naturales, por causas no naturales, derivadas no de la emergencia climática, sino de decisiones puramente artificiales que se están adoptando y que comprometen la viabilidad de la infraestructura a medio y largo plazo. Es cierto que el cambio climático ha mermado, y puede mermar aún más en el futuro, las disponibilidades de agua en la cabecera del Tajo, pero esa posible merma, natural y futura, es inferior a la segura merma, artificial y actual, de las decisiones adoptadas por el Ministerio al proponer la reciente planificación hidrológica, y por el Gobierno al aceptarla y aprobarla”.
Indicó que “las mermas previstas por decisiones de la Administración, sin una debida y bien fundamentada motivación que las justifique, se han estimado en unos 100 hm3/año, que serán directamente detraídos de los regadíos en la cuenca del Segura, agravando aún más su ya precaria situación. Esta detracción anual es equivalente aproximadamente a la mitad del volumen total medio anual destinado a riegos, lo que da una idea del gravísimo impacto que ello supone para la economía del sureste de España y de todo el país. Esos impactos socioeconómicos, bien conocidos y advertidos por todos, han sido sorprendentemente ignorados en la planificación recientemente aprobada”.
Consideró también que “la prevista modificación de las normas de explotación del trasvase, actualmente en tramitación, no va a alterar esta merma, dado que, en contra de lo que a veces se piensa, las normas son irrelevantes desde el punto de vista de los volúmenes medios trasvasados, y afectan tan solo al ritmo y modulación de los envíos. El problema existente se encuentra en estos momentos pendiente de resoluciones judiciales sobre diversos recursos planteados, y será necesario esperar a la conclusión de estos procesos para conocer el final”.
Por su parte, Andrés Molina afirmó que “el proceso de implantación de los caudales ecológicos en España ha sido lento y todavía no se ha completado en todas las demarcaciones hidrográficas ni para todos sus componentes. En el caso del río Tajo, su establecimiento estuvo fuertemente condicionado por factores políticos, debido al impacto directo sobre el Trasvase Tajo-Segura (ATS). Esta situación contrasta con la normalidad con la que operan otros trasvases intraautonómicos, como el Negratín-Almanzora, el Tajo-Guadiana o el trasvase desde la cola del Ebro hacia las cuencas internas catalanas (Tarragona), entre otros”.
Añadió que “la elevada polarización del debate ha dificultado una definición técnica y económicamente rigurosa de los caudales ecológicos. En 2019, el Tribunal Supremo dictó cinco sentencias que anularon parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo (PHT) del segundo ciclo, ordenando establecer caudales ecológicos en el río. No obstante, el alto tribunal no fijó una cuantía específica ni prejuzgó su alcance. Además, desestimó las pretensiones que solicitaban la imposición de caudales aún mayores a los finalmente establecidos, señalando que dicha determinación debía realizarse en el siguiente ciclo de planificación hidrológica”.
Molina destacó que “durante la aprobación del PHT del tercer ciclo (2023-2027), se presentaron numerosas alegaciones por parte de instituciones públicas y comunidades de regantes de la cuenca del Segura. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Tajo respondió de forma genérica, sin abordar el fondo de las cuestiones planteadas. El principal argumento para desestimar dichas alegaciones fue, erróneamente, que los usuarios del Trasvase no debían ser considerados como «usuarios de la cuenca cedente», lo cual excluyó de facto su participación en el proceso. De esta forma, la tramitación del plan se llevó a cabo sin una participación pública efectiva ni intento alguno de concertación con los usuarios del ATS, como exige la normativa. “Sin consenso, el Gobierno aprobó el PHT del tercer ciclo, elevando de forma significativa el caudal ecológico del Tajo, lo que ha tenido un alto impacto sobre el ATS y ha derivado en un elevado número de recursos presentados ante el Tribunal Supremo. Algunos de estos recursos, particularmente los más sólidos desde el punto de vista jurídico y técnico, aún están pendientes de resolución”.
El ponente fue rotundo al considerar que “puede afirmarse que los caudales ecológicos establecidos en el Tajo no están adecuadamente fundamentados. En los procedimientos judiciales en curso no se ha acreditado que se basen en estudios técnicos actualizados, lo que sugiere una fijación arbitraria. Además, la aplicación de los escalones segundo y tercero del régimen de caudales ecológicos producirá una grave incompatibilidad entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. La compatibilidad de ambos planes estaba supeditada a la ejecución de medidas compensatorias en la cuenca del Segura (como el incremento de aguas desaladas), actuaciones que ni se han ejecutado ni se van a ejecutar en el horizonte temporal de estos planes”.
Concluyó que “la reducción del volumen trasvasado a través del ATS, como consecuencia del aumento de los caudales ecológicos del Tajo y de la inminente modificación de la Regla de Explotación, no podrá ser compensada adecuadamente mediante desalación y reutilización. En este contexto, los perjuicios sobre la economía y el tejido social del Levante podrían ser muy severos. La reducción del ATS, además, podría dar lugar a una eventual responsabilidad patrimonial del Estado”.
La transversalidad del agua
Para Alberto del Villar García “el Acueducto Tajo-Segura aporta cerca del 28% del agua utilizada en la región, con una distribución desigual entre zonas como el Campo de Cartagena (38%) y Lorca (19%). Los efectos socioeconómicos del agua trasvasada se estiman en un impacto por cada hectómetro cúbico entre 8,5 y 11 millones de euros en Valor Añadido Bruto (VAB). El impacto directo sobre el sector primario alcanza los 2 millones de euros por hectómetro cúbico. En síntesis, el trasvase medio de 208 hm³ se asocia a un VAB de 2.392 millones de euros y más de 43.000 empleos”.
Analizó que “los escenarios de reducción de caudal ecológico en el Tajo (1, 2 y 2,7 m³/s) implicarían pérdidas de hasta 833 millones de euros y 16.500 empleos. Como alternativa, la desalación presenta importantes costes económicos y sociales en todos los sectores: para el abastecimiento supondría un incremento de tarifas hasta 1,04 €/m³ (Tarifa media actual de la MCT: 0,6905 €/m3) y necesidad de subvenciones públicas de más de 30 millones de euros anuales”.
Para concluir que “los efectos sobre la cuenca cedente presentan menor impacto. La circulación adicional de caudales aporta la posibilidad de generar unos 30.000 MWh/año por cada m3/s de incremento de caudal (2-3 M€/anuales). Pero tiene un impacto negativo vía transferencias dejadas de percibir por los caudales destinados a abastecimiento (1,32 millones de euros al año)”.
La importancia de la planificación hidrológica
Francisco Flores, reflexionó sobre la importancia de la planificación hidrológica en la Ley de Aguas de 1985 y de cómo “ésta debe ser el resultado del estudio de los sistemas de explotación de recursos (SER) con el que debería de haber justificado la asignación y reserva de recursos objeto de la planificación. Sobre esta propuesta ha señalado que “a partir de ello se pone de manifiesto cómo el Plan Hidrológico del Tajo 2023 no ha analizado bien los SER y ha hecho mal la asignación de recursos perjudicando con ello a la Comunidad de Madrid, a los usuarios del ATS e incluso a los del Tajo”. En su intervención repasó la relación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) con el concepto de aguas excedentarias y del continuado intento de reducir las aguas excedentarias desde su introducción en la Ley 52/80. Afirmó que “la reducción de las aguas excedentarias, la elevación de los caudales mínimos ecológicos, la asignación de recursos y el incremento de los embalses mínimos tienen como objetivo reducir los excedentes trasvasables. De hecho, si se analizan las diferencias de los caudales mínimos ecológicos en tramos representativos en el Plan 2023 se puede apreciar como los tramos que afectan al Acueducto Tajo-Segura son desproporcionadamente más elevados. Los resultados ponen de manifiesto que a la definición de los caudales llamados ecológicos les falta de rigor”.
